Además la aplicación por parte del Gobierno de Mendoza del ítem aula, registró una mejora en la calidad educativa, logrando una mayor cantidad de docentes frente al aula. En abril la Suprema Corte de Justicia emitirá un fallo sobre la constitucionalidad y lo hará mediante un plenario.
Desde que el Gobierno de Mendoza anunció la decisión de cancelar las deudas que desde hace años mantenía con los docentes en concepto del Ítem Zona, 1.733 trabajadores de la educación aceptaron la cancelación, que hasta el momento representa una suma de 110.857.353 de pesos. Además el gobierno escolar reconoció la zona a 60 escuelas que antes no percibían el ítem y sus docentes ya lo están viendo reflejado en sus salarios.
Esta deuda –capital más intereses- que se mantenía con más de 16 mil docentes y que oscila aproximadamente en 700 millones de pesos fue generada por la irresponsabilidad de gestiones anteriores que durante el período 2008/2015 hicieron reconocimientos masivos que no contaron con previsiones presupuestarias correspondientes. Ante la ausencia del Estado que venía sin dar respuesta a los requerimientos de los docentes, y que generó una gran cantidad de reclamos administrativos y judiciales, la actual gestión decidió darle una solución y se pagará con economías y ahorros que se han generado por eficiencia presupuestaria.
Miles de docentes se han registrado y lo siguen haciendo en un sistema informático habilitado por la Dirección General de Escuelas (DGE) en donde cada docente, fácilmente comienza el trámite: ingresa su CUIL para constatar su liquidación y una vez corroborado el monto puede prestar conformidad imprimiendo el acuerdo de pago y firmándolo ante la presencia del directivo, por supuesto que desistiendo de reclamos judiciales posteriores. Pasado este trámite, se juntarán lotes de conformidades para ir sacando pagos por suplementaria.
Cabe destacar que durante la primera semana se han realizado cerca de 90.000 consultas al aplicativo: http://aplicaciones.mendoza.edu.ar/acuerdo_zona
Durante el anuncio que hizo el Gobernador días atrás, detalló que desde hacía más de 2 años la Justicia había dictaminado que los docentes debían cobrar el ítem: “a fines del año pasado nos propusimos cambiar la forma de administración. Por ello decidimos dejar en cero la deuda que se mantenía con los docentes”.
El aporte del ítem aula al sistema educativo
Por otro lado, la aplicación por parte del Gobierno de Mendoza del ítem aula, registró una mejora en la calidad educativa luego de aplicar el ítem aula que permitió que más docentes se encuentren efectivamente dentro de las aulas y de esta manera mejorando el vínculo con los estudiantes.
Desde el año 2016 este ítem se aplica en cada docente que está cotidianamente y es parte real del hecho educativo. También reciben otros profesionales de la educación que están dentro de las escuelas.
Cabe destacar que, durante el 2015, el presentismo en las escuelas mendocinas era del 72.1 por ciento y que en el 2017, luego de la aplicación de este ítem tan importante, el presentismo subió al 95.8 por ciento tanto en escuelas estatales como privadas.
Otro dato para tener en cuenta es que los días pedidos por distintas razones para no ir a dar clases desde el 2015 al 2017 cayeron un 44 por ciento. Claramente los docentes concurren más a la escuela.
Las licencias pedidas por los profesionales de la educación bajaron un 33 por ciento entre el año 2015 y el 2017.
Los resultados han sido óptimos, los alumnos lograron tener más días de clases junto a sus maestros y profesores, lo que indica que garantizar la presencia de los docentes genera un fortalecimiento entre el vínculo con sus alumnos.
Desde la DGE todos los informes realizados desde la aplicación del ítem aula no dejan de dar resultados positivos y claramente mejoró la calidad educativa que están recibiendo todos los estudiantes mendocinos.
En los próximos días habrá novedades por parte de la justicia
Hace dos días la Suprema Corte de Justicia de Mendoza determinó un plazo de 30 días hábiles para dictar sentencia sobre la constitucionalidad del ítem aula. Si bien el SUTE había pedido que el fallo sea determinado por la Sala II del tribunal, las autoridades afirmaron que este saldrá por plenario. Esto dejó en firme, en contra de un planteo del SUTE, la decisión de que el plenario resuelva el caso.
El orden de estudio de la causa, será el siguiente: primero, Valerio; segundo, Pedro Llorente; tercero: Mario Adaro; cuarto, Alejandro Pérez Hualde; quinto, Omar Palermo; sexto, Julio Gómez; y séptimo, Jorge Nanclares. A su vez, la resolución establece que cada ministro dispondrá de 4 días.
La causa del ítem aula se generó a partir de una acción de inconstitucionalidad que elevó al alto tribunal el SUTE en marzo de 2016. A fines del año pasado, cuando se estaban por cumplir los plazos para que la Sala Segunda de la Corte (Valerio, Adaro y Palermo) emitiera el fallo, el Gobierno provincial reclamó que la causa fuera a plenario.
La Corte aceptó el pedido del Gobierno, pero esta disposición generó un “incidente de nulidad” por parte del SUTE. El presidente Nanclares; y el titular de la Sala Segunda, Valerio resolvieron que ese incidente era procedente, en forma parcial.
La Corte descartó que el llamado a plenario fuera extemporáneo, como sostenía SUTE y rechazó los planteos respecto de que, con esta medida, se habían violado el derecho a la legítima defensa y la garantía del juez natural. “La división en Salas sólo obedece a cuestiones de estructura y organización interna del Poder Judicial, lo que de modo alguno puede atentar contra la competencia originaria constitucionalmente asignada a la Suprema Corte provincial ni, por tanto, a la garantía del juez natural”, dice la resolución.
El recurrente había planteado que en la convocatoria a plenario se cometía una grave irregularidad al otorgársele a los jueces 20 días a cada uno para emitir su voto, con lo cual se llegaba a 140 días hábiles en total. Es por ello que dispuso de 30 días hábiles para el dictado de la sentencia en pleno, sujetándose de esa manera al nuevo plazo que fija el Código Procesal Civil (antes era de 60 días).
La resolución parece disponer que todos los ministros de la Corte vuelvan a emitir sus votos. Aunque para algunos miembros del tribunal esto no queda claro.
Fuente: Prensa DGE
